La banda ancha como servicio universal
El proceso de liberalización de las telecomunicaciones aún no ha concluido. Si alguien lo duda puede echar un vistazo a la intensa actividad de los analistas especializados y a las tensiones entre las operadoras por un lado y los organismos reguladores estatales y comunitarios por el otro.
El mercado de las telecomunicaciones se enfrenta a cambios profundos. Las ofertas integradas duo (voz y datos) o trio (voz, datos y TV), las redes de fibra, la convergencia digital, las nuevas tecnologías como la TDT… A medida que el calendario avanza se van materializando los planes y se van viendo también los nuevos retos que surgen. Desde que en enero de 1998 entraba en marcha su proceso de liberalización, el panorama de las telecomunicaciones ha variado hasta hacerse prácticamente irreconocible.
Por ejemplo, la telefonía fija ya no es el primer segmento del mercado de las telecomunicaciones, posición que ocupa la telefonía móvil, tanto en número de líneas (114 por cada 100 empleados) como en facturación. El acceso a Internet de banda ancha se ha generalizado, especialmente gracias a la tecnología ADS, llegando las 20 líneas por cada 100 habitantes (la media de la UE-15 es de 25).
Los mercados emergentes, como los contenidos audiovisuales de pago a través de las distintas tecnologías disponibles (satélite, cable, DSL, y TV móvil en streaming), van adquiriendo importancia, las nuevas operadoras entrantes van adquiriendo porciones de mercado, las operadoras virtuales ofrecen sus ofertas especialmente pensadas para segmentos específicos… En este panorama rápidamente cambiante, es decir, vivo, surge un nuevo frente en el que hay que poner mucha atención: es el proceso de implantación de las nuevas redes digitales. Un proceso estratégico, cuyo fracaso pondría en cuestión todos los esfuerzos para que España forme parte de la Sociedad de la Información. Pero si la sola posibilidad de fracasar es inimaginable, sí se puede contemplar un escenario de implantación mediocre, que puede menoscabar las oportunidades de los habitantes de esas zonas españolas que ya sufren la brecha digital comarcal.
Telefónica, Orange, Vodafone y Ono han hecho saber a través de la patronal Redtel sus propios puntos de vista sobre el proyecto gubernamental de dar a la banda ancha categoría de servicio universal en España como ha hecho ya Finlandia, advirtiendo sobre los costes que este planteamiento conlleva y que en momentos de crisis como el actual les parecen inasumibles en las zonas de baja densidad y en consecuencia no rentables.
En este contexto, acaba de aparecer Competencia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones, un riguroso estudio independiente, con un resumen disponible en español e inglés en www.ieseinsight.com. Su autor, Ángel Luis López, profesor del IESE, que ha contado con la colaboración de Sandra Jódar Rosell, defiende que España necesita estimular la competencia en sus telecomunicaciones sin desincentivar la inversión para que las tarifas y niveles de uso converjan con la media europea. El informe propone fórmulas para encontrar el equilibrio necesario porque, como advierte, siempre es mejor una sola red de banda ancha que ninguna.
En los próximos meses veremos la marcha de estos nuevos proyectos, en los que la Comunidad Europea tendrá mucho que decir. De momento, este tipo de investigaciones rigurosas, desgraciadamente infrecuentes, nos ayudan a comprender la enorme complejidad del tema, a contextualizar mejor las distintas posiciones e intereses, y a avanzar con mayor conocimiento de causa en la toma de decisiones. Especialmente en debates tan críticos como éste.
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